Chilpancingo, Gro., 28 de mayo
de 2024.- El Pleno del Congreso del
Estado aprobó un dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al
titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a que valore y decida
la reubicación del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Las Cruces,
ubicado en el municipio de Acapulco de Juárez.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Joaquín Badillo Escamilla,
en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, externó que
una vez analizada la propuesta
presentada por la diputada Beatriz Mojica Morga (con licencia), el
órgano dictaminador determinó dar seguimiento al exhorto en mención porque el objetivo
principal es garantizar los derechos de las personas que se encuentran ahí
recluidas, así como proteger a las familias que viven alrededor del recinto,
garantizándoles el derecho a la tranquilidad, a la paz, y a no ser víctimas de
situaciones que pongan en riesgo su vida.
Detalló que el proyecto inicial de los centros de reclusión, tanto
a nivel federal como estatal, es que se localicen lejos de las zonas urbanas,
por los peligros, la inseguridad y conveniencia, aunque en el caso del Cereso
de Las Cruces, ha quedado dentro de la zona urbana, con los consecuentes
peligros y molestias a los vecinos cercanos.
Frente a tal escenario, las diputadas y diputados consideran
importante la solicitud al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno
estatal presentada por la diputada promovente, para pedir la reubicación del
penal en comento y así no solo garantizar la seguridad de la ciudadanía,
también para poder mejorar a las colonias que se encuentran ubicadas alrededor
del mismo, ya que por normatividad están limitadas para poder solicitar obras
de infraestructura para mejorar sus servicios y sus condiciones de vida.
Abundó en que, por cuestiones presupuestales y financieras, dicha
acción requiere de la participación de instituciones públicas independientes de
la autoridad penitenciaria, así como de otros actores, tales como las
organizaciones civiles o la iniciativa privada, lo cual no quiere decir que el
Estado se desentienda de sus responsabilidades ineludibles, ya que la
seguridad, la custodia y la situación jurídica de las personas privadas de la
libertad, así́ como la administración de los establecimientos penitenciarios,
siempre deben permanecer bajo la vigilancia de las autoridades
correspondientes.
Por lo anterior, expuso, la Comisión de Seguridad Pública se
pronunció a favor de procurar las condiciones mínimas de internamiento
compatibles con su dignidad y necesidades básicas de la población interna,
relacionadas con los servicios médicos, alimentación, provisión de agua
potable, y sobre todo de condiciones básicas de seguridad interna.
Para ello, agregó, el Estado deberá contar necesariamente con un
diagnóstico prospectivo integral de la infraestructura física y operativa
existente, debiéndose detallar cuál es el estado físico y cómo es la operación
de los inmuebles de aseguramiento para la readaptación social.
Asimismo, realizar una evaluación prospectiva de la información para
identificar y planear las acciones necesarias, ante la posible reubicación del
penal antes mencionado.